Hace unos años, y a la vista de los graves problemas que atraviesan muchas economías familiares, el legislador finalmente dio un paso al frente y escuchó la demanda de gran parte de la sociedad que, en resumidas cuentas, pedía que se otorgara una segunda oportunidad a las personas que atravesaban serios apuros económicos que ahogaban sus expectativas tanto de presente como de futuro, debido a las deudas adquiridas, muchas veces como consecuencia de la tesitura económica actual y la pérdida de ingresos repentina, avocando por lo tanto a multitud de gente a una especie de esclavitud económica.
Si bien es cierto que las deudas han de ser saldadas, también lo es que hay que poner un límite en la responsabilidad patrimonial de las personas, y para ello surge la conocida como Ley de Segunda Oportunidad, allá por el año 2015 con la publicación del Real Decreto-ley 1/2015 de 27 de febrero, cuyo objetivo final es la posibilidad de exoneración de las deudas pendientes de las personas físicas insolventes.
A modo de resumen, podríamos decir que la citada Ley de Segunda Oportunidad es una herramienta que permite, tanto a particulares como a autónomos, dejar atrás una situación económica angustiosa y desfavorable, a través de la negociación de nuevas condiciones con los acreedores, como pudiera ser llevar a cabo aplazamientos o quitas importantes en la totalidad de la deuda y, en última instancia, conseguir la cancelación total del pasivo insatisfecho.
Aunque esta normativa es de reciente incorporación en nuestro sistema jurídico, la Ley de la Segunda Oportunidad se ha venido aplicando desde hace años en otros países de Europa -en Dinamarca existe una regulación de la insolvencia personal desde 1984- o Estados Unidos, con resultados muy positivos, hasta el punto de que la mayor parte de Concursos a día de hoy son de personas particulares.
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